DE LA LECTURA DEL CITADO ARTÍCULO, SE DESPRENDE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ES EL ÚNICO CAPACITADO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL MILITAR, Y NO PODRÁ RETIRARLA, SINO CUANDO LO ESTIME PROCEDENTE O POR ORDEN FIRMADA POR EL SECRETARIO DE GUERRA O MARINA O POR EL FUNCIONARIO QUE LO SUSTITUYA. EN ESTE CASO LA EMISIÓN DE LA ORDEN, SE CONDICIONA A QUE ASÍ LO DEMANDE EL INTERÉS SOCIAL Y SE ESCUCHE EL PARECER DEL PROCURADOR.

POR LO QUE HACE A LA PRIMERA HIPÓTESIS, ESTO ES AL RETIRO DE LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR, ESTE, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y DE ARRIBAR A LA CONCLUSIÓN QUE ES PROCEDENTE RETIRAR O DESISTIRSE DE LA ACCIÓN PENAL, EMITE UNA DETERMINACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA.

TRATÁNDOSE DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS, EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 81 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, EMITE SU PARECER AL C. GENERAL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL INTERÉS SOCIAL Y SOBRE LAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO.